LOS REBELDES "CARAPINTADA"

Se cumplen este 3 dic, 21 años del último pronunciamiento militar en Argentina, encabezado por en Coronel SEINELDIN quien junto a varios jefes, oficiales y suboficiales del Ejército Argentino y de otras Fuerzas de Seguridad, y varios camaradas civiles comprometidos con la Causa Nacional, tomaron y ocuparon en pocas horas varios de los objetivos militares más importantes del país.

La crónica dijo, que fue el último de los motines “Carapintadas”; el más sangriento; el más irracional. La poca difusión pública previa de las razones del alzamiento y del clima que se vivía, hicieron que fueran desconocidos los motivos reales de la sublevación, tanto para el común de la gente, como para muchos militares, aún luego de que la misma Justicia que impusiera las condenas más duras, dijera en la sentencia, que se trataba de hombres de honor, movidos por elevados ideales de orden moral y que no se trató de un Golpe de Estado.

Más de 1500 hombres llevaron adelante una operación que se inició sin un solo disparo y controlando las unidades estratégicas de la Fuerza. La represión ordenada por el gobierno y ejecutada por las fuerzas “leales” y francotiradores, sofocó el alzamiento, dejando varias bajas y destrozos.

¿Por qué se llegó al 3 de diciembre?

Se llegó porque el sector nacional del Ejército fue el primero que advirtió la traición de Carlos Menem y la entrega de la Nación en su soberanía real a los dictados del presidente George Bush y a la Corona inglesa. Con el primero, luego de su viaje a USA y con los ingleses, cuando firmó los Acuerdos de Madrid en 1989 y 1990. Los Acuerdos de Madrid de Menem/Cavallo con Inglaterra, del 17 al 29 de octubre de 1989 y su complemento del 15 de febrero de 1990, significaron la capitulación y sumisión al usurpador y el reconocimiento de un vergonzoso “paraguas de soberanía”. Por ese “paraguas”, Argentina desde 1990 debía informar todo movimiento terrestre, marítimo y aéreo de tropas a Inglaterra, quien en la práctica los autorizaba y monitoreaba.

En el año y medio de su primer gobierno, Menem confirmó la rendición incondicional de la República, poniendo en marcha y ejecutando el plan de desnaturalización y destrucción de las FFAA y FFSS acordado con USA y Gran Bretaña. Ese plan consistió en eliminar a los mandos más calificados del Ejército identificados con la Causa Nacional, y el desmantelamiento de una gran cantidad de unidades militares desplegadas, especialmente, en el interior del país. Así se materializaba la destrucción del Sistema de Defensa, lo que llevó al país a caer en la indefensión. La Nación se debilitó su columna vertebral, la que sostiene al Estado frente a la inseguridad y disgregación interior, y contra las apetencias exteriores.

Antes de asumir Menem al gobierno, había prometido llevar adelante el “Proyecto de Defensa del Gobierno Nacional” que se apoyaba en un concepto fundamental: toda Nación que posea riquezas en su territorio; que cuente con capacidad intelectual y tecnológica como para desarrollar su potencial, y voluntad para llevarlo a cabo, debe saber que será objeto de intereses, injerencias, apetencias y agresiones, sean estas ejecutadas desde afuera, o promovidas dentro de su territorio. Ante esas contingencias se debe preparar y defender.

Hacia fines de 1990, Menem ya había arriado todas las banderas y símbolos con los que se ganó la confianza y el voto popular, pero para lograr el cambio de rumbo que se le había impuesto, debía primero desguazar a las Fuerzas Armadas, y lo hizo. Ante eso nos sublevamos.

A 20 años del 3 Dic 1990, quienes promovimos y participamos de aquellos hechos; quienes pagamos con el exilio, la cárcel y la vida nuestro pronunciamiento, decimos que fue el último grito ante la destrucción de la Nación en sus instituciones fundamentales:

-- ante el estado de indefensión e inseguridad al que estaba siendo llevada la Patria y que hoy se materializa con la incapacidad del Estado para contener el avance de la droga y la narcodelincuencia; la proliferación de delitos perpetrados con inusual crueldad y ensañamiento;

--ante la claudicación moral y en su honor nacional, por la rendición incondicional a la que fuimos sometidos y que también hoy subsiste y se potencia con la corrupción enquistada en los niveles más altos de la República; y en la conducción política en general; en los empresarios, gremios, etc.

Ninguno de los que participamos tenía aspiraciones o apetencias personales. Todos nos hicimos responsables de los actos que protagonizamos, y así cumplimos las condenas y sus consecuencias, por duras que ellas fueron. Todos respondimos al mandato Sanmartiniano de que “Cuando la Patria está en peligro, todo es lícito, menos dejarla perecer”

Recordamos en este día a quienes cayeron en esa jornada y pedimos por su eterno descanso, y por la Patria, a la que consagramos nuestras vidas.

Comisión de homenaje permanente del 3 dic 1990

Ex Mayor D HUGO REINALDO ABETE

Ex Tte 1° D RODOLFO BARRIO SAAVEDRA

Ex Capitán D GUSTAVO BREIDE OBEID

Ex Teniente Coronel D JORGE DI PASQUALE

Sr. ENRIQUE GRACI SUSINI

Ex Mayor D PEDRO MERCADO

Ex Mayor D HECTOR ADRIAN ROMERO MUNDANI

Sr. NICANOR VILLAFAÑE MOLINA

Sr. DALMIRO PATRICIO VIDELA BALAGUER

A FONDO

Los carapintadas fueron varios grupos de activistas militares nacionalistas que llevaron a cabo una serie de alzamientos entre 1987 y 1990 contra los gobiernos constitucionales de Raúl Alfonsín y luego de Carlos Menem en Argentina. El mote alude al uso de crema de enmascaramiento facial mimética por parte de los insurrectos, que tomaron varias bases militares y se batieron contra las fuerzas leales al gobierno constitucional en busca de la finalización de los procesos judiciales iniciados contra los protagonistas del Terrorismo de Estado. Aunque los líderes carapintadas fueron arrestados, juzgados y condenados a prisión, la mayoría de los participantes en los hechos no recibió castigo, y aún los cabecillas fueron indultados por el entonces presidente Carlos Menem en 1989.

Primer alzamiento

El primero de los levantamientos carapintada tuvo lugar en la Pascua de 1987, en protesta contra las acciones judiciales llevadas a cabo por el gobierno contra los responsables de los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. El mayor Ernesto Barreiro, un elemento de inteligencia que había tenido participación activa en la represión al movimiento obrero y popular en Córdoba, se negó a prestar declaración ante la Cámara Federal de Córdoba en relación a cargos de tortura y asesinato que se le imputaban. Barreiro fue arrestado, a petición del juez competente, por la autoridad militar, y confinado en el Comando de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército, en la provincia de Córdoba. Cuando la policía intentó hacerse cargo de Barreiro por el desacato a la justicia, el personal del cuartel (130, entre oficiales y soldados) se amotinaron, exigiendo el cese de los juicios.

Otras dependencias militares se sumaron a la acción, ante la férrea oposición de la población civil, en especial las tropas al mando del teniente coronel Aldo Rico^[1] (entonces al mando del Regimiento de Infantería de San Javier (Misiones)), que se acantonó en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Los reclamos de los ya apodados carapintadas incluían la destitución del jefe del Ejército, el general Héctor Ríos Ereñú (planteando que los jefes que impartieron las órdenes "hoy están en libertad desprocesados, ascendidos y gozando de un privilegio que no merecen") y exigiendo una solución política para los juicios a los represores del proceso. Y decía Rico que "si quienes dieron las órdenes van a la justicia no tenemos ningún problema en ir todos a la justicia, pero ningún hombre de bien que vista uniforme militar puede ampararse escudándose en el sacrificio de sus subalternos".
Si bien el alzamiento contó con pocos apoyos públicos entre los responsables de tropa, la actitud del resto de las fuerzas armadas fue unánime: Alfonsín no contó con la subordinación necesaria entre la tropa para sofocar militarmente a los carapintadas.


La actitud política y pública frente al alzamiento también fue uniforme. Los principales partidos del país -UCR, PJ, UCD, PDC, PI, PC y PS- suscribieron el «Acta de Compromiso Democrático», oponiéndose a la actitud de los militares pero reconociendo varios grados de responsabilidad en la represión. Este último punto llevó a las fuerzas de izquierda -el MAS, el PCR, el PO, y las Madres de Plaza de Mayo- a distanciarse del grupo de los firmantes. Manifestaciones populares se hicieron presentes en Campo de Mayo y la Plaza de Mayo, exigiendo la rendición de los sublevados. Alfonsín parlamentó con Rico en Campo de Mayo, acordando las condiciones de la rendición, en lo que se le cuestionaría luego como un acto de debilidad política. A su regreso, desde el balcón de la Casa Rosada, anunciaría la capitulación de los amotinados.

Barreiro huyó, y fue capturado dos semanas más tarde. Tanto él como Rico pasarían a manos de la justicia, Barreiro la militar y Rico la civil, siendo juzgado en San Isidro por insurrección.
A causa de este primer alzamiento carapintada, meses más tarde, el gobierno acabó promulgando la Ley de Obediencia Debida, que satisfaría algunos de sus reclamos.
Rico fue el único que permaneció en prisión, que debería cumplir en la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo, a la espera del juicio.

Segundo alzamiento

Sería nuevamente Rico la principal figura del segundo conato de rebelión, que tuvo lugar en enero de 1988 en la localidad correntina de Monte Caseros. El 30 de diciembre se le había concedido el privilegio de arresto domiciliario; dos semanas más tarde, envió un comunicado afirmando que desconocía la autoridad del Estado Mayor del Ejército y de los tribunales militares por no ver garantizada la justicia, y escapó. La autoridad militar, el teniente general José Dante Caridi, sucesor de Ríos Ereñú, declaró a Rico en rebelión, y el ministerio de Interior ordenó su captura inmediata.

Tres días más tarde se lo encontró en el Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros, cuyo comandante, el coronel Álvarez de Igarzabal declaró que adhería al planteo de Rico, bautizado como «Operación Dignidad». Caridi, al frente del Segundo Cuerpo de Ejército, hizo frente a las tropas insurrectas, que se rindieron sin presentar batalla. Los detenidos fueron numerosos; Rico, tras declarar públicamente que no se arrepentía de sus actos y afirmar que la duda es la jactancia de los intelectuales, regresó a prisión. Unos 430 oficiales y soldados serían llevados a juicio por sus acciones en los dos alzamientos; aunque los casos relativos al terrorismo de Estado y la tortura durante la dictadura disminuyeron, la protesta de las facciones promilitares no cesó. Rico, desde su celda, se convirtió en la principal figura del Movimiento por la Dignidad Nacional.

Tercer alzamiento

El tercero y último de los alzamientos durante el gobierno de Alfonsín tuvo lugar el 1 de diciembre de 1988, cuando unos 45 oficiales de la unidad «Albatros», un cuerpo de elite de la Prefectura Naval Argentina saqueó de armas el arsenal de las dependencias de Prefectura en Zárate, provincia de Buenos Aires, y se rebeló. Alfonsín consideró el problema menor, al no provenir del Ejército sino de una fuerza de menor importancia, pero los rebeldes se trasladaron a la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, donde se sumaron a un grupo de militares que nuevamente coparon el cuartel. Su líder era el entonces coronel Mohamed Alí Seineldín, cabeza de la facción carapintada. Seineldín, un carismático veterano de la guerra de Malvinas, asesor de Manuel Noriega en la formación de comandos, y declarado miembro de la rama más nacionalista del ejército, afirmó que el objetivo de la acción era "salvar el honor" de las Fuerzas Armadas.

Caridi movilizó rápidamente las tropas leales, rodeando rápidamente la guarnición de Campo de Mayo. Sin embargo, varios otros grupos declararon su apoyo a los carapintadas en la provincia de Buenos Aires, así como en la Córdoba y la Salta; la rebelión más importante fue la del Batallón de Logística 10 de Villa Martelli, en la periferia del Gran Buenos Aires, donde se dirigieron los rebeldes de Campo de Mayo evadiendo el cerco. El general Isidro Cáceres fue destacado por el mando leal para enfrentarlos, pero con órdenes de no iniciar acciones armadas salvo en caso de extrema necesidad. Acantonados allí, el 4 de diciembre anunciaron sus exigencias: la destitución de Caridi, la extensión de la ley de Obediencia Debida a todo el personal militar excepto los miembros de la Junta, amnistía para los procesados por los alzamientos anteriores, e impunidad para todos los participantes en éste excepto Seineldín. Bajo el eufemismo de «un acuerdo para evitar el derramamiento de sangre», el gobierno accedió a éstas casi sin excepción.

Seineldín fue procesado, así como el mayor Hugo Abete, que no depuso las armas hasta varios días más tarde. Caridi fue pasado a retiro, y las exigencias militares de incrementos presupuestarios y salariales fueron atendidas.

Primera serie de indultos del gobierno de Menem

Otras peticiones se verían saciadas por el indulto decretado por el nuevo presidente, Carlos Menem, en octubre de 1989, que incluían a 164 de los carapintadas, treinta y nueve oficiales condenados por delitos cometidos durante la represión, y los mandos culpables de negligencia durante la guerra de Malvinas. Los indultados incluían a los ex generales Juan Sasiain, Albano Harguindeguy, Santiago Riveros, Acdel Vilas, Luciano Benjamín Menéndez y Reynaldo Bignone.

Cuarto alzamiento

A pesar de los entonces recientes indultos realizados por Menem, Seineldín, volvió a rebelarse el 3 de diciembre de 1990, en protesta contra la creciente injerencia del poder político en la cúpula militar. El violento alzamiento provocó varios muertos, y fue finalmente reducido, dando lugar a cientos de arrestos y casi 600 procesos por insurrección.

Segunda serie de indultos del gobierno de Menem

Luego del último alzamiento, pocos días más tarde del mismo, Menem completaría los indultos, dando la libertad a los miembros de la Junta y otros militares y civiles, varios de ellos condenados a prisión perpetua: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Ramón Camps, Guillermo Suárez Mason, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el ex jefe de la Policía Federal Argentina Ovidio Ricchieri. Sólo Seineldín, una figura afecta a los gestos desmesurados, permaneció en prisión a consecuencia de los incidentes hasta mayo de 2003, cuando fue indultado por el presidente interino Eduardo Duhalde.

Actualidad

Además de las incursiones políticas de los integrantes más conspicuos de estas agrupaciones, se ha señalado a ex carapintadas en tareas de asesoramiento de grupos ultraderechistas y golpistas de Bolivia. En 2010 el carapintada Víctor Alejandro Gallo fue imputado por la apropiación ilegal de un menor hijo de una desaparecida.

Fuente Wikipedia